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Jue, Nov

¿Tendremos una policía que prevenga el crimen y proteja a la ciudadanía?

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“Unos soldados le preguntaron: y nosotros ¿qué debemos hacer? Juan les contestó: No abusen de la gente, no hagan denuncias falsas y conténtense con su sueldo” (Lucas 3,14).

Los últimas denuncias contra miembros del cuerpo policial por vinculación al crimen organizado y ejercer otras modalidades de delincuencia que rayan en lo absurdo y vergonzoso, demuestran que la policía es una de las instituciones que han contribuido sustancialmente a la inseguridad, a la corrupción e impunidad en el país. ¡Claro¡ hay muchas excepciones en esta acusación, en el cuerpo policial destacan muchas personas respetables y dedicas al cumplimiento de su misión.

La impunidad, la vinculación a la delincuencia y al crimen organizado no son nuevos, datan de muchos años, sólo que esta vez la situación llegó a fondo, los altos mandos de la policía son los acusados y colocados en la mirada pública, y es que como dice el Padre Gustavo Gutiérrez: “No hay nada más subversivo que la verdad que desenmascara la voluntad de muerte escondida detrás de justificaciones sociales políticas, afán de dinero o poder”.

Las espeluznantes denuncias dejaron al descubierto el profundo abismo de maldad en la que han caído las personas encargadas de proteger a la ciudadanía, amparadas en la impunidad, en los uniformes, en la manipulación de la ley para cometer toda clase de atrocidades y en la desidia de la clase política.

Esta situación se vuelve cíclica en nuestra geografía. Cada vez que salen a la luz pública estas denuncias las autoridades ven la necesidad de una nueva depuración. El primer esfuerzo se realizó en 1993 al conformar una Comisión Ad Hoc después de las denuncias de corrupción y sicariato emitidas por Elí Zúñiga ex agente de la DNI. La personas mayores recordamos el miedo que infundían las celebres actuaciones de la DNI, cuerpo de investigación adscrito a la policía, violador numero uno de los derechos humanos, en la década de los 80s.

Otro intento de depuración policial se realizó en el 2010, cuando se conoce otro cúmulo de actos delictivos en la policía y hubo que esperar hasta 2011, para que se creara la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) con la intención de iniciar un nuevo proceso de depuración y sacar de circulación a los elementos vinculados a la delincuencia organizada. Esta iniciativa fue respaldada vehementemente por la sociedad civil, pero su ejecución fue timorata y no alcanzó resultados y avances en su objetivo.

Las últimas noticias publicadas en El Heraldo, la semana pasada, han desenmascarado una verdad sospechada por todos y amparada en la complicidad del silencio de la mayoría. Fuimos incapaces de averiguar la consistencia de los hechos tantas veces señalados. Ésta omisión es particularmente grave en los Directores de la Policía, los Ministros de Seguridad, los Presidentes de la República. ¡La responsabilidad estatal es enorme, todos son culpables de dejar abandonada a la ciudadanía en manos de servidores públicos inescrupulosos.

No actuar nos vuelve encubridores del mal y es claro que no solo la policía necesita depurarse, es todo el cuerpo social, la sociedad entera, todas las instituciones estatales y de gobierno como ministerios, entes descentralizados, en fin, es la administración pública en general la que debe someterse a una profunda depuración. Muchos otros actos de corrupción y delincuencia han dañado no solo las arcas del Estado sino la conciencia nacional. La indiferencia de la ciudadanía ha permitido mantener en la oscuridad muchos actos delictivos. ¡La depuración política es una necesidad!.

En el país se permitió que funcionara una policía como en tiempos de guerra donde las decisiones del alto mando se obedecían sin preguntar, en donde el ejército y policía tenían su base en la disciplina ciega de los subalternos. Nunca se pensó que la autoridad impuesta de modo vertical no genera confianza sino miedo e impunidad y que era necesario sustituirla por otra de mayor peso, más objetiva y humana, con fundamentos éticos válidos para guiar la vida de las personas: “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ningún soldado está obligado a obedecer una orden injusta” dijo Mons. Romero al ejército salvadoreño.

La depuración requiere cerrar el dique a una cultura de muerte que desperdicia los valores de la honradez, del trabajo desinteresado, del respeto a la cosa pública y del bien común.

No podemos permitir que el mal se siga considerando como bien, la muerte como inevitable, el robo como agilidad mental, la corrupción como normal. Esa equivocada escala de valores es lo primero que se debe cambiar para transformar la sociedad y las instituciones estatales. De lo contrario ninguna depuración policial será posible porque encontrará de nuevo la tierra abonada para reproducir la podredumbre. ¡La depuración ética es urgente!.

La Ley de Emergencia Nacional para la depuración policial permitirá a la Secretaría de Seguridad expulsar a todos los miembros de la Policía Nacional vinculados con bandas del crimen organizado y el narcotráfico de manera expedita. Pero todavía se sigue debatiendo la nueva ley que propone nuevos instrumentos que garanticen la seguridad de todos los habitantes: establecer la Dirección de Control de los Servicios Privados de Seguridad, establecer la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL), creada específicamente para la depuración policial y que sustituirá a la Dirección de Investigación de la Carrera Policial (DIECP).

Esta nueva Ley de depuración policial –si se hace bien- puede ayudar a Honduras a salir de las manos del narcotráfico y del crimen organizado. Sin embargo, sin logros tangibles en la depuración policial en los altos mandos señalada por actos de delincuenciales y de corrupción, todos los esfuerzos para disminuir la violencia y la delincuencia serán en vano.

Necesitamos el compromiso de todos los operadores de justicia. No es una Comisión la que depurará a la policía, es el Estado a través de sus instituciones el llamado y obligado a hacerla. No basta identificar y expulsar a los policías corruptos, el camino ya está señalado: la Fiscalía General de la República tiene que investigar lo denunciado, enjuiciar a los implicados y sentenciarlos y en el caso de que sea una sentencia condenatoria asegurarse que se le de pleno cumplimiento.

Reflexión comunitaria:

• ¿Qué opinan en su comunidad de la Policía?

• ¿Conocen en su comunidad actos de corrupción cometidos por miembros de la Policía?

• ¿Consideran viable la depuración de la policía?

Pastoral Social / Cáritas de Honduras

No. 137 / Año 14 / 12 de Abril de 2016

Tegucigalpa, Honduras

Imagen tomada de laprensa.hn