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Mié, Sep

No hay que diluir la esperanza

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“El Magisterio eclesial recomienda que la accion de los organismos internacionales responda a las necesidades humanas en la vida social y en los ambientes relevantes para la convivencia pacífica y ordenada de las Naciones y de los pueblos” (Compendio de Doctrina Social, 440).

La gran efervescencia ciudadana del 2015, manifestada en la movilización de los indignados en contra de la corrupción y la impunidad y conste que la indignación no era sólo de los jóvenes sino de la población en general que se sintió convocada y se sumó a la protesta, movilizándose de diversas formas por toda la geografía nacional.

Este movimiento social alimentado por la rebeldía juvenil, desnudó la urgente necesidad de efectuar cambios profundos en la sociedad hondureña haciendo un reclamo a la clase política y económica -sorda por muchas décadas a los gritos del pueblo, del pobre y de su pobreza- acostumbrada a manosear las demandas de cambio en aras de no perder el control del poder.

Este descontento también es producto de la falta de respuesta pronta y contundente de la institucionalidad pública a las denuncias de actos de corrupción e impunidad y a la falta de castigo a los culpables. Contrario a lo que pasó en Guatemala donde los operadores de justicia dieron respuesta a un pueblo organizado e indignado por la corrupción, destituyendo y acusando al Presidente y Vicepresidenta del país.

Ante este panorama, organismos internacionales como la ONU y la OEA expresaron su preocupación por el peligro que Honduras se convirtiera en un país convulsionado, producto de una combinación letal: narcotráfico, crimen organizado, violencia común y crisis política.

Esos y quizá otros factores que no siempre son expresados y explicados, obligaron a que se estableciera la Misión de Acompañamiento Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras ( MACCIH), como una respuesta alterna a la solicitud del movimiento social que exigía la instalación de una Comisión Contra la Impunidad (CICCIH), similar a la de Guatemala. Sin embargo, la habilidad del gobierno y el apoyo internacional orientaron las acciones hacia el establecimiento de una Misión de Acompañamiento.

Después de la firma de un convenio por cuatro años ratificado por el Congreso Nacional, la MACCIH empezó a funcionar en el país. Es urgente entonces que la ciudadanía hondureña de seguimiento a las acciones que realice, presione para que su mandato se cumpla y sobre todo que dé resultados concretos.

Esto solo se logrará si la MACCIH mantiene independencia del gobierno, autonomía en todas sus acciones, profesionalismo tanto por su capacidad como por su forma de actuar, neutralidad en las decisiones tomadas y transparencia de cara a la opinión pública y a la ciudadanía que tiene el derecho de ser informada. Ejercer su función de acuerdo a estos principios le dará credibilidad a la Misión y le devolverá la confianza al pueblo de Honduras.

Estos meses son cruciales para verificar de qué está hecha la MACCIH y si está decidida a impulsar una lucha frontal contra la corrupción. Un primer examen será evaluar su accionar en el proceso de selección, asesoramiento, evaluación y certificación de un grupo de fiscales y jueces hondureños, quienes investigarán y ejercerán la acción penal contra redes involucradas en actos de corrupción. Como ciudadanos debemos estar atentos para que éstas acciones de la MACCIH se realicen sin imposición de ningún tipo, tanto en la selección del personal como en la investigación de los presuntos violadores de la Ley.

Existe en la población la esperanza que el grupo de jueces, fiscales y expertos internacionales de alto reconocimiento internacional que trabajarán bajo el mandato de la MACCIH, además del compromiso de asesorar y acompañar a las entidades del sistema de justicia, cumplan con la misión de exigir el fiel cumplimiento de las recomendaciones en un plazo preciso, como lo establece el convenio.

De igual forma, los casos de corrupción que investigue la MACCIH deberían ser escogidos en base al impacto económico provocado en la sociedad y por el daño al erario público. A nivel político por el descrédito a la institucionalidad y a nivel social por el daño causado a las condiciones vida de las personas.

Un punto fundamental será la vinculación con el pueblo y con la sociedad civil. Esto permitirá que el trabajo que realice la Misión en el país, reciba apoyo y sea creíble que es posible edificar un país con un poco más de justicia, con menos impunidad, donde se castigue la corrupción y con apego a la ley caminar hacia un real Estado de derecho.

Por consiguiente, la presencia de la MACCIH es un principio de esperanza siempre y cuando, su trabajo vaya dirigido contra la impunidad y la corrupción. Aceptar otras tareas como la investigación criminal o la depuración de instituciones públicas, por muy noble y necesaria que sean, es desviarse de su tarea originaria. La MACCIH no debe llenarse de casos que terminen por inmovilizarla y desacreditarla ante la ciudadanía.

La MACCIH no resolverá todos los problemas de corrupción e impunidad en el país, esto depende más de un Estado que impulse una reforma profunda en la estructura legal e institucional, que garantice la independencia y despolitización de los operadores de justicia y que avale sin restricciones ni privilegios el acceso a la información.

El mejor aporte que la MACCIH puede dar a la frágil democracia, a la endeble institucionalidad del país es ayudar en la depuración, eficiencia y profesionalización del sistema de justicia.

Reflexión comunitaria:

- ¿Qué hacer en cada organización y comunidad para que este esfuerzo no se convierta en una nueva y peligrosa frustración?.

Pastoral Social / Cáritas de Honduras

No. 140 / Año 14 / 12 de Mayo de 2016

Tegucigalpa, Honduras